PALABRAS QUE HUELEN MAL

Hay una serie de palabras en nuestro lenguaje que al ser pronunciadas huelen mal. Discriminación, deuda o crisis son buena muestra de ellas. Al igual que de la mierda se espera que huela mal de la discriminación, la deuda o la crisis se espera que sean elementos negativos a reducir y eliminar. ¿Quién se opondría a acabar con la discriminación? ¿Es posible estar a favor de la deuda y de la crisis? Lo mismo sucede con el déficit. Así que en el momento en el que se escucha la propuesta para reformar la Constitución (libro sagrado de la democracia española intocable por designio casi divino) limitando el déficit público de las administraciones la primera impresión puede ser buena. Nos podemos sentir atraídos por ese cántico de sirena que supone un estado que ingrese lo mismo o más de lo que gaste. La eficiencia empresarial llevada a la administración pública. Pero no es tan sencillo. Las prestaciones que desarrolla un estado social y democrático de derecho son muy diferentes al funcionamiento de una empresa tanto en servicios como en ritmos. El endeudamiento de los estados es algo necesario pues para poder mantener unos servicios públicos de calidad y prestaciones para millones de parados, por ejemplo, es preciso disponer de la capacidad suficiente para maniobrar. Es curioso que no se hable de cómo ingresar más (mayor presión tributaria entre otras posibilidades) sino de cómo gastar menos.

Lo que se vislumbra aquí es la constitucionalización de uno de los dogmas del liberalismo económico. No nos engañemos. La solución propuesta se aleja mucho de las complicadas medidas técnicas para superar la crisis de las que se podría hablar, esto es ideología pura. Limitar la deuda que puedan adquirir los estados es recortar los servicios que pueden prestar los mismos. Ya lo advirtió Mariano Rajoy hace unos meses al señalar que “tendremos el estado de bienestar que podamos”. Toda una declaración de intenciones. El estado del bienestar ya no es un derecho sino una opción según las posibilidades económicas. No es difícil imaginar qué elementos van a ser los primeros en reducirse cuando el copago sobrevuela la sanidad madrileña, la educación pública está bajo mínimos y las pensiones llevan años cuestionadas.

Se está viendo que en tiempos de crisis económica la respuesta es más de lo mismo, mayor radicalización del liberalismo con privatizaciones, flexibilidad laboral, medidas para calmar a los mercados, etc. Recoger esta medida en la Constitución supondría legalizar el liberalismo económico y no dejar posibilidad a ninguna alternativa económica ya que sería anticonstitucional. Quedarían fuera de la ley muchas propuestas de premios Nobel de economía y catedráticos que no comulgan con la doctrina liberal.

En momentos en los que la democracia bipartidista está siendo cuestionada, los movimientos ciudadanos reclaman mayor participación política y en las últimas elecciones municipales las abstenciones y votos en blanco sumaron más de 12 millones de personas, resulta una broma de muy mal gusto esta reforma express sin ningún tipo de consulta popular o debate ciudadano.

¿Hasta cuándo se podrá aguantar esta situación?